El diputado Antonio Riestra, ingresó un proyecto de comunicación donde le solicita a la Corte Suprema de Justicia que instruya al Procurador General para que en las actuaciones iniciadas contra los integrantes de la agrupación “Marcha de las Antorchas”, luego de la manifestación realizada el pasado 29 de septiembre en el hall de los Tribunales de Santa Fe, se proceda al archivo de las mismas en resguardo del derecho a peticionar y manifestarse de todos los ciudadanos en espacios públicos.
Luís Amezaga es un conocido luchador social de la ciudad de Santa Fe, de más de 70 años, ex sacerdote de parroquias de nuestra provincia y de barrios de nuestra Capital, comprometido en tareas sociales y en todo el reclamo de los afectados de la inundación de Santa Fe y sus consecuencias desde un principio, y en este caso acompañando a todas las marchas como la de las Antorchas por ejemplo que nos llama poderosamente la atención.
De acuerdo a la información obtenida por nuestro bloque a Luís Amezaga se le ha iniciado una causa judicial en el ámbito contravencional, por supuestos disturbios cuando participaba de una manifestación en el hall central de los tribunales de Santa Fe.
Llama poderosamente la atención – ante la parálisis que observa la denominada causa inundaciones – que se persiga a los damnificados en vez de investigar y sancionar a los responsables de la tragedia que afectó a todos los santafesinos, dejando a su paso muertes, personas con graves secuelas físicas y síquicas y multimillonarias pérdidas materiales y afectivas.
La denominada “Causa Inundaciones” se abrió en mayo de 2003 y tuvo varios pantanos. Primero, el juez Diego de la Torre la sustanció, pero luego se excusó y apartó. Fue Jorge Patrizzi el que terminó procesando en abril de 2006 a tres funcionarios, Ricardo Fratti (ex Director de Hidráulica), Marcelo Álvarez (ex intendente) y Alfredo Berli (ex ministro de Obras Públicas) por el delito de estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas, y en la actualidad se encuentra radicada en el juzgado de sentencia de la 5ta. Nominación a cargo de Enrique Álvarez a la esperas de una resolución.
Por el alcance de la investigación y las dificultades que tuvo el proceso judicial en su etapa de instrucción, resulta evidente que gran parte de los damnificados por las inundaciones del 2003 se encuentran insatisfechos con la justicia provincial.
Riestra al ingresar el proyecto expresó “no admitimos que se criminalice un acto tan elemental del sistema republicano como manifestar y peticionar ante las autoridades, sobre todo cuando esta actividad se realiza en un espacio publico como la sede de los Tribunales provinciales. Lamentablemente, estos absurdos procesos judiciales iniciados contra ciudadanos que solo expresan su legítimo descontento, se reiteran, sin que la Corte Suprema o las autoridades policiales instruyan a sus funcionarios para que se garanticen estos derechos”.
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