La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifestó su respaldo y adhesión a la demanda presentada en los tribunales argentinos para que se investiguen los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco a partir del principio de la jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad. La iniciativa fue presentada por el diputado Antonio Riestra (PARES) y fue aprobada sobre tablas en la última sesión.
El pasado 14 de abril de 2010, se presentó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la ciudad de Buenos Aires, una demanda para que la justicia argentina inicie una investigación penal sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco en España, entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
Esta denuncia fue presentada por familiares directos de dos dirigentes asesinados durante el franquismo y contó con el respaldo de organismos de defensa de los derechos humanos argentinos y españoles, entre los que se cuentan, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y la Federación de Asociaciones Gallegas.
La demanda reivindica el principio de la jurisdicción universal que habilita el juzgamiento de determinados crímenes contra el derecho internacional – como el genocidio y la desaparición forzada de personas - por parte de cualquier Estado.
Cabe recordar, que este principio fue aplicado en su momento por el juez español Baltasar Garzón para iniciar hace trece años una serie de causas contra 98 represores argentinos que se encontraban amparados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, entre ellos, los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri, y los represores condenados en 2009 por los tribunales federales de Santa Fe.
Pero lo más trascendente de la denuncia presentada en los tribunales argentinos, es que se trata de un respaldo concreto a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Española Baltasar Garzón, en la investigación iniciada sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en suelo español, entre los cuales se cuenta la desaparición forzada de personas, delito imprescriptible y sancionado en la reciente Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Esta investigación sobre los crímenes del franquismo que el juez Garzón inició en 2009, busca establecer el tipo y el número de delitos; los nombres de los responsables y la identidad de las víctimas y afectados; y el destino final de miles de españoles y numerosos extranjeros asesinados y enterrados en lugares clandestinos y/o en condiciones oprobiosas. También se busca establecer las responsabilidades por el robo de bienes por parte de las fuerzas represivas, y los cientos (quizá miles) de niños arrebatados a sus familias, despojados de su identidad y entregados a instituciones o a apropiadores.
Todos estos crímenes permanecen en la más absoluta impunidad, y en la actualidad, distintos sectores políticos españoles ligados al franquismo trabajan para detener esta investigación acusando al juez Baltasar Garzón de prevaricato, arguyendo que no reconoce la validez de una ley de amnistía dictada en 1977.
Estamos convencidos que los argentinos, y particularmente los santafesinos, tenemos una importante deuda con el juez español Baltasar Garzón, quien hace trece años abrió un camino en la lucha por el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de estado en nuestro territorio, aplicando el principio de la jurisdicción universal y llevando a proceso al ex juez federal Víctor Brusa, los ex policías Héctor Romeo Colombini, Mario Fasino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aevis y Eduardo “Curro” Ramos.
Por todos estos motivos, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe manifiesta su respaldo y adhesión a la demanda presentada por la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Federación de Asociaciones Gallegas (entre otras organizaciones), para que los tribunales argentinos investiguen los crímenes cometidos en España durante la dictadura de Francisco Franco, basándose en el principio de la jurisdicción universal para delitos de lesa humanidad.
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