Cada fin de semana, en las secciones de avisos clasificados de los principales diarios de la provincia, se publican alrededor de quinientos anuncios dirigidos a los consumidores del comercio sexual que podrían encubrir modalidades de explotación de la prostitución ajena tanto de menores de edad así como de mayores. En estas mismas secciones, pero ordenados bajo otro rubro, cada semana también se reitera la publicación de determinados avisos donde se ofrece “trabajo” a mujeres por una suma importante de dinero, sin precisar la oferta laboral, a veces con textos confusos o engañosos, y en algunos casos, explicitando abiertamente que se trata de búsquedas para el ejercicio de la prostitución.
La proliferación de este tipo de anuncios ha generado la preocupación de organizaciones, especialistas y funcionarios que trabajan sobre la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual. Estos sectores advierten que las publicidades que promocionan servicios sexuales a cargo de supuestas “bebotas”, “nenitas” o “colegialas”, que esperan a sus clientes en ambientes “exclusivos”, “confortables” o “reservados”, en realidad están encubriendo el funcionamiento de lugares organizados por terceras personas, que sin eufemismos pueden ser considerados como “casas de tolerancia” o “prostíbulos”.
En este sentido, resulta importante recalcar que “a partir de la sanción de la ley 12.331 en el año 1937 la República Argentina realizó un viraje sustancial en el modo de concebir el fenómeno de la explotación del comercio sexual de personas en la Argentina. Así se abandonó un sistema reglamentista para adscribirse a uno abolicionista que, básicamente, consiste en reprimir penalmente todas aquellas conductas relativas a la explotación de la prostitución ajena, como asimismo al favorecimiento o incitación de la misma, incluyendo la represión del tráfico de personas y dejando siempre impune a la prostituta”, tal como sostiene la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, en un escrito presentado en los tribunales de Mar del Plata, donde se investigan las conexiones que se desprenden de los avisos publicitarios que se publican en el denominado rubro 59.
“Con posterioridad a la sanción de esta norma – continua el escrito de la UFASE - el Estado Argentino reafirmó este encuadramiento ante la comunidad jurídica internacional al obligarse a castigar la explotación de la prostitución ajena en todas sus formas, incluso afirmando la irrelevancia del consentimiento de la víctima. Dentro de las Convenciones Internacionales ratificadas por la República Argentina que se consideraron a la hora de debatir la ley de “trata de personas”, se destacó especialmente la “Convención contra la trata de personas y explotación de la prostitución ajena”, aprobada en la 264° acción plenaria de la IV Asamblea de las Naciones Unidas por resolución 317 del 2-12-1949”.
El trabajo elaborado por este organismo, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, reconoce de manera explícita que “estas normas nacionales e internacionales no han tenido el mínimo nivel de acatamiento desde su incorporación al ordenamiento jurídico argentino.
A tal conclusión es inevitable arribar si se repara en las prácticamente nulas condenas registradas por infracción a la ley 12.331, artículo 17 , y la existencia y permanente proliferación de prostíbulos burdamente disfrazados como “wiskerías”, “pool”, pubs, privados, o cabarets que no sólo están a la vista de los funcionarios encargados de hacer cumplir el artículo 15 de la dicha ley que prohíbe su existencia en todo el país (las autoridades competentes para impulsar su cierre son las fuerzas de seguridad nacionales y locales, y las autoridades de inspección, habilitación y control municipales o locales) sino que, como demuestran los avisos publicitarios aquí analizados, los prostíbulos que no podrían por ley existir son publicados o auspiciados por diarios nacionales y locales”.
Un rubro en crecimiento
Analizando los avisos con ofertas de prostitución que se publican en los principales diarios de la provincia de Santa Fe, se puede observar a partir de una simple lectura, que los mismos pueden constituir una forma de promoción y facilitación de la prostitución, tal como lo definen los artículos 125 bis y 126 del Código Penal. En algunos de los textos de estos avisos se hace referencia a la situación de migrante de las mujeres (paraguayas, dominicanas, portorriqueñas, etc.) o bien a su escasa edad (jovencitas, bebotas, chiquitas, etc.), cuestiones éstas que configuraran parámetros objetivos de una situación de vulnerabilidad de la que los tratantes y/o proxenetas están abusando y cuyo conocimiento es utilizado como “estrategias publicitarias” para atraer clientes.
Lo mismo vale para los avisos con ofertas laborales dudosas donde se busca mediante el engaño el acogimiento y la recepción de mujeres, niñas, niños, adolescentes u otras personas necesitadas de un trabajo con el propósito de someterlas luego a explotación sexual.
En estos casos, la oferta laboral contiene las siguientes características comunes: a) se busca modelo, acompañantes, bailarinas para whiskerías y/o night club, niñera, empleada doméstica, etc.; b) promesa de una suma importante de dinero; c) lugar de trabajo distante al de la publicación (Santa Cruz, La Pampa, Córdoba o el exterior); d) también suelen incluirse los gastos de traslado y vivienda.
Es evidente que detrás de este tipo de avisos clasificados se mueven varias organizaciones de proxenetas orientadas a la captación de mujeres para su posterior explotación sexual y a la promoción de prostíbulos camuflados bajo las figuras “wiskerías” o “privados”.
Esta posibilidad ya fue advertida en el estudio exploratorio sobre Trata de Personas con fines de explotación sexual en Paraguay, Chile y Argentina publicado por la Organización Internacional de Migraciones en diciembre de 2006, donde también se advertía que la provincia de Santa Fe era una de las jurisdicciones elegidas para la captación de mujeres. La investigación de la OIM también destaca el profesionalismo y el grado de organización de los proxenetas santafesinos, que extienden sus redes por todo el territorio nacional y llegan a regentear simultáneamente hasta 30 mujeres.
En el caso de los avisos que se publican en la capital provincial pudimos observar las siguientes características:
- Los fines de semana se publican entre 100 y 120 avisos clasificados con ofrecimientos de servicios sexuales para hombres y mujeres.
- En la mayoría de los casos se destacan los nombres de las personas que ofrecen servicios sexuales, los que aparecen de forma individual, por parejas o en grupos que son presentados como staff.
- También aparecen nombres de fantasías de locales de encuentro con los clientes.
- Se publican teléfonos fijos, celulares, páginas Webs y direcciones de correo electrónico como opciones de contacto.
Profundizando el análisis de la información contenida en estos avisos, encontramos que los teléfonos de contacto se repiten y se relacionan entre si, conformando al menos 15 grupos o redes independientes. De esta manera, cada uno de estos grupos tiene un conjunto de teléfonos en común, una o dos direcciones de correo electrónico, y un domicilio para el encuentro con los clientes.
También es importante señalar, que varios de los avisos que se publican “buscando señoritas” para trabajar en agencias de acompañantes o “departamentos privados” tienen el mismo teléfono de contacto de los lugares donde se ofrecen servicios de prostitución.
Respecto de estos lugares que se presentan como “departamentos privados”, podemos decir que en el caso de la ciudad de Santa Fe, se encuentran en la mayoría de los casos ubicados en barrio Sur, en cercanías de la Municipalidad, Casa de Gobierno, Legislatura y Tribunales.
Además, a través de las páginas webs que utilizan para su promoción, se puede observar que disponen de comodidades e instalaciones, propias de una actividad bien organizada y con recursos suficientes. Un párrafo aparte merece el tema de estas páginas Webs.
Las tres más importantes, donde se concentra la mayor cantidad de oferta de servicios sexuales en la ciudad de Santa Fe, fueron registradas por la misma persona (según surge del registro NIC) y tienen el mismo domicilio donde están ubicados algunos de los teléfonos que se utilizan como contacto para la contratación de servicios de prostitución.
¿Qué hacer con los avisos?
A partir de evidencias similares verificadas en distintos puntos del país, se han ido tomando medidas en torno a la publicación de avisos clasificados con ofertas de prostitución. En el ámbito judicial el fiscal general de la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, viene denunciando hace más de diez años la connivencia de estas publicaciones y las redes de trata. Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se pronunció a favor de limitar el contenido de los clasificados, en una demanda donde se le ordenó a los diarios Clarín, Ámbito Financiero, Crónica y La Razón, prohibir la publicación de imágenes de mujeres en poses ‘obscenas’ como las que suelen acompañar los anuncios para bajar contenidos sexuales a los celulares.
Este fallo fue apelado y se encuentra en estudio en la Corte Suprema de Justicia. En paralelo con esta investigación, los diarios La Nación y Popular llegaron a un acuerdo con la Defensoría General de la Nación donde se comprometieron a ‘extremar los cuidados para que los niños no puedan inadvertidamente acceder a avisos publicados por adultos con referencia a conductas sexuales vinculadas a prostitución o a prácticas que puedan afectar la integridad psicofísica de niños y adolescentes”.
Si bien se puede observar que la justificación de esta medida se apoya en un análisis de tipo moral que restringe la comprensión de la problemática, tampoco se puede dejar de observar, que el entendimiento entre la DGN y las empresas periodísticas introdujo la variante, que bajo determinadas circunstancias, es posible avanzar en la discusión de los contenidos que se publican. Por ello, es importante tomar en consideración los alcances de la Ley Nº 26.485, que definió las pautas de acción para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; tipifican distintas modalidades de violencia, entre las que se encuentra la “simbólica” y “mediática”.
En efecto, el Artículo 5, inciso 5 de la citada norma, define como violencia simbólica, “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
Asimismo, la Ley Nº 26.485 define violencia mediática, “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Proyecto de ley
Todos estos elementos son los que nos movilizaron para comenzar a tomar diversas medidas en relación con aquellos avisos publicitarios donde se promocione un prostíbulo, cabaret o “casa de tolerancia” en particular, asumiendo como hipótesis válida, que a través de su publicación se promueva y/o facilite la explotación de la prostitución ajena, tanto de menores como de mayores de edad, o se encubre la trata de personas con fines de explotación sexual.
Recientemente se conoció la decisión, anunciada por algunos diarios argentinos, de no publicar más este tipo de anuncios. Se trata de los diarios La Arena de La Pampa, La Mañana de Neuquén, La República de Corrientes y El Tiempo de la localidad de Pergamino.
La iniciativa de estas empresas periodísticas fue en respuesta al reclamo público que el Foro del Periodismo Argentino (Fopea) realizó en un comunicado, donde denunció “la contradictoria la conducta de medios de comunicación que, en su definición editorial y su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas publicando avisos clasificados de proxenetismo y explotación sexual o ligados a evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”.
En la edición del jueves 22 de julio de 2010, el diario La Mañana de la ciudad de Neuquén, informó a sus lectores que no publicará avisos clasificados que favorezcan el comercio sexual, que convoquen a mujeres u hombres a mujeres u hombres para que ejerzan la prostitución ni ningún otro tipo de mensaje que pueda tener relación con la trata de personas."La decisión fue tomada con el convencimiento de que el respeto y la defensa de los derechos humanos están por encima de cualquier beneficio económico", dijo la editorial del matutino patagónico.
Este ejemplo de autorregulación que están ensayando estas empresas periodísticas argentinas, se vincula directamente con el debate que se está desarrollando en España, a partir de la propuesta lanzada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para se prohíban los anuncios de prostitución publicados en la prensa española. El mandatario socialista dijo en el Parlamento español que "los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse. Mientras sigan existiendo anuncios de contactos se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad".
Los anuncios de prostitución constituyen una de las fuentes importantes de ingresos para la prensa española, sobre todo en un momento de crisis y disminución de la publicidad en general. La propuesta del gobierno español se deriva del "Plan integral de lucha contra la explotación sexual", que impulsa el Ministerio de la Igualdad y donde se insta a los diarios a que, mediante la autorregulación, eliminasen cualquier relación empresarial con la prostitución, en particular dejando de publicar los denominados “anuncios de contacto”.
Sin dudas que se trata de una problemática compleja que requiere la articulación de acciones y programas desde distintos organismos del estado provincial y nacional. Pero creemos que es necesario comenzar a tomar medidas concretas que pongan de manifiesto la decisión del estado de bloquear todos los intersticios que aprovechan las organizaciones delictivas que se dedican la explotación de la prostitución ajena en la provincia de Santa Fe.
Por ello, estamos proponiendo una modificación al Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, para multar a quienes difundan avisos de publicidad que de manera directa o indirecta promuevan la explotación sexual de mujeres o hombres, el proxenetismo y/o el reclutamiento y mantenimiento de personas para la prostitución.
En el mismo sentido, establecemos la prohibición de pautar publicidad oficial en cualquier medio de comunicación que publique este tipo de avisos.
Diputado Provincial Antonio Riestra
Partido PARES – Participación, Ética y Solidaridad
Frente Progresista, Cívico y Social
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