El diputado Antonio Riestra presentó un proyecto para que se modifique el criterio restrictivo establecido recientemente por la ANSES, y por el cual, se impide la percepción de la Asignación Universal por Hijo a las familias que envían a sus hijos a las escuelas de gestión privada. Esta medida del gobierno nacional afecta a 12.000 estudiantes de nuestra provincia que venían cobrando sin dificultad el beneficio. El legislador del Partido PARES aseguró que el gobierno provincial viene reclamando por este problema desde hace varios meses.
La Asignación Universal por Hijo ha sido el reconocimiento de un derecho de la infancia, de todos los niños y niñas, más allá de que sus padres tengan o no empleo. Ese derecho que tienen los hijos de los trabajadores formales excluía a quienes no acceden al mercado laboral. En su momento hemos saludado esta iniciativa, que implica un primer paso hacia una política pública sobre infancia de carácter universal.
El decreto presidencial de creación de la asignación universal dice claramente que el pago del subsidio es para los hijos de padres desocupados o con empleo no registrado, que concurren a establecimientos públicos. En la primera etapa de implementación de la AUH se incluyó a las familias cuyos hijos asisten a escuelas privadas gratuitas, generalmente confesionales y enclavadas en zonas urbano-marginales o en los pueblos, donde a veces se constituyen en la única oferta educativa.
Sin embargo, sin aviso previo ni explicación alguna, este mes el gobierno nacional, a través de una decisión administrativa de la ANSES, suspendió el pago a estos beneficiarios, que en la provincia de Santa Fe son alrededor de 12.000.
Básicamente, los funcionarios nacionales sostienen que esos padres no deben seguir cobrando la AUH porque no le corresponde al Estado subsidiar a familias que están en condiciones de pagar una escuela privada. Argumentan que tampoco correspondería si los padres pagan una cuota mensual baja, porque ya reciben un aporte a través del subsidio estatal que recibe el establecimiento privado.
Frente esta situación, el diputado Antonio Riestra del Partido PARES presentó un proyecto de comunicación donde solicita que se modifique el criterio restrictivo establecido por la ANSES y por el cual se impide la percepción de la Asignación Universal por Hijo a las familias que envían a sus hijos a las escuelas de gestión privada.
Sin embargo, la iniciativa no pudo ser tratada en el recinto, por la negativa de los diputados del Frente para la Victoria.
“Nos sorprende, que frente al indiscutible impacto y urgencia que surge de esta equivocada decisión, los diputados del kirchnerismo se hayan negado a tratar un proyecto que solo apunta a ratificar la necesidad de garantizar la Asignación Universal por Hijo a estas familias santafesinas”, sostuvo Riestra.
Es importante aclarar que la Ley de Educación Nacional establece que la educación en su conjunto es pública con diferentes formas de gestión (estatal, privada, cooperativa y social). Es pública porque está dirigida a toda la población y porque además emite títulos oficiales y se encuentra supervisada por el Estado.
Por ello, entendemos que en una interpretación errónea y restrictiva, el gobierno nacional ha excluido de este beneficio a miles de familias santafesinas que realmente necesitan y merecen la Asignación Universal por Hijo.
Debemos agregar que según la información suministrada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, del total de 832 instituciones educativas de gestión privada, 650 reciben el 100 % del aporte estatal. De ese total, 420 escuelas son oferta única en su nivel/modalidad, no cobran monto alguno o bien cobran cuotas mínimas.
Finalmente, nadie puede sostener que no tenía información sobre este problema, ya que en abril de este año, cuando las familias presentaron los certificados de escolaridad en la ANSES surgieron problemas con las escuelas de gestión privada. En esa oportunidad, los funcionarios nacionales aseguraron que no perderían el beneficio los niños y niñas que concurren a estos establecimientos. Incluso, a instancias del gobierno provincial, el Consejo Federal de Educación analizó el problema y le encomendó al Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, que interceda ante el gobierno nacional.
Por todas estas razones, consideramos que esta decisión desnaturaliza la universalidad de la asignación y, fundamentalmente, lleva angustia e incertidumbre a un sector social muy castigado y vulnerable de nuestra sociedad.
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