Repudio y esclarecimiento para los hechos de violencia en Formosa

La Cámara de Diputados de Santa Fe resolvió por unanimidad, a instancias de Antonio Riestra, repudiar los hechos de violencia ocurridos en Formosa, donde dos aborígenes tobas y un policía murieron, en el contexto de un reclamo de los pueblos originarios por la defensa de sus tierras.



En la sesión del último jueves, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, aprobó por unanimidad un Proyecto de Declaración donde se repudian “los hechos de violencia ocurridos en cercanías de Laguna Blanca, a 170 kilómetros al norte de la ciudad de Formosa, donde dos aborígenes tobas y un policía murieron, en el contexto de reclamos que los pueblos originarios vienen realizando por sus tierras”. Asimismo, “se requiere el total esclarecimiento de las responsabilidades públicas y privadas que concluyeron con tan lamentable saldo”.

Esta manifestación de la cámara baja provincial se produjo a instancias del diputado Antonio Riestra, quien sostuvo que “lo acontecido en Formosa no resulta un hecho aislado en esta larga lucha pero dada su inmediatez, conmocionó a la opinión pública y a vastos sectores que de alguna manera vienen trabajando en post de una reparación histórica, con criterios de justicia hacia las comunidades aborígenes, la mayoría de ellas sumergidas en condiciones de extrema pobreza”.

Los hechos ocurridos en un campo a la vera de la Ruta Nacional 86, en cercanía de Laguna Blanca, donde la intervención la fuerza policial dejó hasta el momento el saldo de dos personas tobas y un policía muertos, muchos heridos y 29 tobas detenidos, requiere un inmediato esclarecimiento para sancionar a los responsables.

Por su parte, la diputada nacional Verónica Benas consideró que “este nuevo ataque es otra muestra del avasallamiento que sufren a diario los pueblos originarios de nuestro país, cada vez que intentan defender sus tierras ancestrales de la constante amenaza de expulsión”.

Agregó que “la defensa de sus territorios implica nada más y nada menos que la supervivencia material, cultural y espiritual de estos pueblos. Todo intento de despojarlos de sus tierras constituye un premeditado y silencioso genocidio, más aun cuando el autor del crimen es un Estado provincial”.