El diputado nacional Antonio Riestra advirtió que funcionarios judiciales de Catamarca imputaron de delitos gravísimos a los asambleistas que participan del bloqueo selectivo a Minera La Alumbrera. “Es un hecho muy grave para todo el país que se continúe criminalizando la protesta social”, sostuvo el legislador del FAP. De acuerdo a lo informado por los referentes de las asambleas ciudadanas catamarqueñas, varios manifestantes detenidos la semana pasada fueron imputados de delitos que contemplan penas de tres a ocho años de prisión.
“Estamos asistiendo a un proceso de protesta social que es más amplio y profundo que lo se ve en Famatina o Andalgalá. Hoy son los pueblos de la cordillera los que hacen visibles sus reclamos, pero en todo el país se alzan voces que reclaman un nuevo modelo de desarrollo que termine con la dinámica extractiva de nuestros recursos naturales”, sostuvo el diputado nacional.
Por ello, Riestra se manifestó muy preocupado por la respuesta represiva que implementa el gobierno de Catamarca, frente a la protesta de las asambleas ciudadanas contra Minera La Alumbrera. “Estamos recibiendo denuncias de intimidaciones, seguimientos y amenazas de la policía catamarqueña contra los vecinos que participan de los bloqueos selectivos en las rutas de Belén y San José”.
“Los asambleistas solo están cortando el paso de los transportes con insumos mineros que van por la ruta nacional 40. No se afecta a los vecinos o los turistas, ni se frena el paso de alimentos”, agregó el diputado nacional.
“Es un hecho grave para todo el país que se continúe criminalizando la protesta social. Por lo que sabemos, un fiscal provincial le está imputando a los manifestantes detenidos la semana pasada, atentar contra el orden público e imponer sus ideas por la fuerza o el temor. Esto es una desmesura”, concluyó Riestra.
El legislador del FAP remarcó que la defensa de los recursos naturales esta instalada como una demanda en todo el país. “Nosotros en Santa Fe lo vemos con la lucha de los pueblos fumigados por la soja. Lo mismo pasa con la pesca, el petróleo y la deforestación. Lo que se tiene que entender es que este reclamo se debe resolver con nuevas políticas y no con la policía”.
“Acá estamos viendo las limitaciones políticas y estructurales del promocionado modelo. Cuando se intentan tocar los privilegios económicos logrados por los sectores concentrados durante los noventa, los gobiernos provinciales del kirchnerismo se alinean rápidamente con las mineras, los terratenientes o los grandes industriales”, concluyó Riestra.
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