En ese sentido, ambos dirigentes destacaron que en la provincia de Santa Fe se viene trabajando en esa dirección a partir de la creación del Ministerio de Seguridad, la centralización de la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas y la reciente creación de la Secretaría de Delitos Complejos.
“Pero debemos ser conscientes que la respuesta estatal al narcotráfico es una responsabilidad compartida entre la Nación y provincia. No se puede continuar sin una coordinación con la justicia federal y las fuerzas de seguridad nacionales. Nosotros podemos enfrentar las redes de distribución, pero esto sirve de poco si Gendarmería o Prefectura no frenan el ingreso de la droga al país”, sostuvieron los legisladores.
Sin embargo, la renuncia de Hugo Tognoli como Jefe de la Policía provincial, más allá del resultado final que arroje la investigación de la justicia federal, puso en evidencia la necesidad de profundizar las políticas que permitan un verdadero control civil y estratégico de la fuerza de seguridad provincial.
La prevención y sanción del delito que reclama la comunidad, para que sea eficaz, requiere de una institución policial estrictamente subordinada a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gobierno.
Cuando se produce esta delegación de responsabilidades y se permite el autogobierno policial, se generan las condiciones para la conformación redes de corrupción que terminan amenazando la seguridad ciudadana, e incluso, la gobernabilidad democrática.
Por ello, Riestra y Benas señalaron que “se necesitan acuerdos estratégicos para sostener una política de seguridad democrática que permita enfrentar el desafío que las organizaciones criminales del narcotráfico le están planteando a los estados provinciales y nacional”.
Frente a esta panorama, el desafío para los dirigentes políticos es mayor, porque se deben dejar de lado las especulaciones de corto alcance y trabajar pensando en la seguridad de la comunidad. El problema del narcotráfico no es exclusivo de Santa Fe y sería deseable que provincia y Nación, las fuerzas de seguridad de todas las jurisdicciones y la justicia federal puedan colaborar entre si y coordinar sus estrategias.
Desde nuestros lugares en la Legislatura de Santa Fe y el Congreso de la Nación seguiremos trabajando por un acuerdo político y social amplio, sobre principios democráticos, que permita implementar políticas de Estado que traigan soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales de seguridad.
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