Fondo Sojero

Los diputados Antonio Riestra y José María Tessa se manifestaron en un comunicado conjunto sobre las llamativas coincidencias políticas entre los legisladores del radicalismo y bancada justicialista en torno a la distribución de las retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas.

Nos hemos acostumbrado últimamente que ante cada decisión tomada en el Congreso de la Nación en el espectro político se produce una conmoción.

Esto es así desde que la famosa expresión “el Campo” convirtió las decisiones de los partidos políticos en una puja sectorial, o porque no decirlo, en decisiones cuasi corporativas.

Nuestra provincia es tal vez el territorio más afectado por esta suerte de puja corporativa. El episodio de Reutemann - Latorre se trasladó a la legislatura la semana pasada en donde varios legisladores se manifestaron sobre el tema tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados.

Algunos, afortunadamente, tuvieron el buen tino de aclarar que lo hacían como ciudadanos, situación que se torna dificultosa cuando ese ciudadano resulta ser uno de los presidentes de la bancada a la cual pertenecemos.

Sobre este punto queremos manifestar que no sólo no es nuestra competencia sino que además no nos desvela el comportamiento de la Senadora Latorre, nos preocupan sí las coincidencias entre un miembro de nuestra bancada y las posiciones de Reutemann.

Tal vez la presión que se le adjudica a algunos sectores haber ejercido sobre el senador Reutemann sea similar a la que han recibido otros sectores políticos.

No se puede defender la corporación sojera ni la petrolera, ni la minera, o la industrial, claros beneficiarios de las transferencias de ingresos desde los asalariados, a través de la devaluación del peso, crecimiento internacional de los precios de los productos primarios, dolarización de los precios internos y un sistema tributario regresivo, donde la mayor recaudación se hace sobre el consumo.

Este punto nos lleva a una segunda discordancia con el ciudadano Boscarol que una vez más coincide con la bancada opositora del justicialismo cuando se refiere a la distribución del porcentaje asignado al “Fondo de la Soja”, quitándole a la provincia las facultades distributivas necesarias para llevar adelante una verdadera política de inclusión social a través de la educación, salud y vivienda.

Tras la aparente argumentación de las autonomías municipales se esconde un sálvese quien pueda de los verdaderos objetivos de la coparticipación.

Esta es la misma demanda que la Provincia de Santa Fe efectúa al gobierno nacional, no para reclamar que lo recaudado en concepto de retenciones sea distribuido entre los grandes acopiadores de granos o pules sojeros, sino que forme parte de una política distributiva que atendiendo a un verdadero plan agropecuario nacional sirva de promoción a los pequeños productores y para la inclusión social de todos los expulsados por este modelo sojero que no solo constituyen el grueso del conurbano bonaerense sino de otros tantos conurbanos de las ciudades del interior.