Se presentó un Pedido de Informe para conocer si se cumple con la exigencia del Código Fiscal que obliga a los Municipios y Comunas a informar semestralmente los datos de edificaciones nuevas o ampliaciones que se realicen en sus jurisdicciones. Las administraciones que oculten esta información pueden sufrir retenciones de una parte de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario por parte de la Contaduría General de la Provincia.
En todos los debates que dimos en la Legislatura sobre el presupuesto de la provincia y la reforma tributaria, reivindicamos la necesidad de recomponer un proyecto de Estado que supere las visiones acotadas que lo circunscriben a su presencia territorial o sectorial.
Dijimos que el presupuesto son las proyecciones que hace un gobierno - y la fuerza política que lo integra - donde quedan plasmadas su visión del Estado, su filosofía y una determinada cultura política.
Desde el gobierno del Frente Progresista estamos empeñados en la tarea de reconstruir un Estado diferente, incluyente que permita una reconciliación con la sociedad luego del huracán arrasador que significaron la Dictadura, el Menemismo y la debacle de la Convertibilidad.
En ese periodo se fue construyendo una estructura orgánica y legal dentro del Estado que favoreció a los sectores más concentrados e instaló privilegios. Hablamos de la Ley de Administración y Control, de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de los sucesivos Pactos Fiscales que debilitaron la situación de la provincia y provocaron una fenonemal transferencia de recursos hacia la nación y los sectores más concentrados de la economía.
Estos dispositivos que vienen actuando como un cepo para Santa Fe, fueron defendidos por los legisladores reutemanistas y kirchneristas – comandados por Juan Carlos Mercier – en los últimos debates sobre el presupuesto y la reforma tributaria, revelando que en nuestra provincia, en el fondo, estamos discutiendo sobre dos culturas políticas diferentes.
Hoy nos enfrentamos con el escenario de crisis que propiciaron desde la oposición cuando produjeron un recorte presupuestario y pretendieron atarle las manos al gobierno provincial.
Es importante comprender que el mayor esfuerzo de inversión en salud, educación, seguridad lo tiene la Provincia. Entendemos que la ampliación de la demanda social se manifiesta en el reclamo directo sobre los municipios y comunas. Pero también hay señalar que los fondos que se distribuirán entre los pueblos y ciudades de Santa Fe tendrán un importante incremento en 2010 respecto de 2009, sin necesidad de modificar los porcentajes de reparto.
El año pasado se distribuyeron entre Municipios y Comunas 78 millones de pesos, y tanto el presupuesto provincial como distintas estimaciones privadas, coinciden en que el Fondo Sojero acumulará 564 millones durante 2010, de los cuales, 168 se repartirán entre pueblo y ciudades, lo que significa un incremento de 100 millones respecto del año anterior.
Pero también, los Municipios y Comunas recibirán un incremento muy importante de recursos de origen provincial.
Si se considera el comportamiento histórico de los tributos provinciales y se proyecta el impacto de la mayor actividad económica, la inflación y las tímidas reformas impositivas que se aprobaron el año pasado, los municipios y comunas recibirán este año, en concepto de Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos, Patente, Sellos, Ley 5.110 y otros, 500 millones adicionales respecto a los recibidos en 2009.
Para traer un ejemplo, por Impuesto Inmobiliario se distribuyeron en 2009 alrededor de 125 millones, y en 2010, haciendo una proyección conservadora, se repartirán 289 millones como consecuencia de las modificaciones introducidas en este tributo.
Por ello, resultan sorprendentes las manifestaciones de algunos intendentes que plantean la necesidad de “resguardar” los recursos de los municipios cuando la realidad indica que tendrán un notable incremento respecto del año pasado.
Pero más grave, es la comprobación de que estos mismos intendentes, esconden información catastral a la Provincia sobre permisos de edificación y ampliación de superficies construidas en sus respectivas jurisdicciones. Por ejemplo, sin dar nombres, en un municipio se perdieron de recaudar 1.207.840 pesos anuales en concepto de Impuesto Inmobiliario, ya que éste no informó las mejoras introducidas en 4.521 propiedades por un total de 394.729 metros cuadrados.
Por ello, vamos a exigir que se cumpla con el Código Fiscal de la Provincia, que obliga, en su artículo 121, a Municipios y Comunas a informar cada seis meses los datos de edificaciones nuevas o ampliaciones que se realicen en sus jurisdicciones. Si esto no se cumple, los Intendentes y Presidentes Comunales deben saber, que la Contaduría General puede retener una parte de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario.
Con esta intención he ingresado un Pedido de Informe para que desde el Servicio de Catastro e Información Territorial, se dé a conocer a éste cuerpo si la totalidad de Municipalidades y Comunas de la Provincia han cumplido con la presentación semestral de las planillas con información acerca de los permisos de edificación exigidos por el Art. Nº 121 del Código Fiscal, entre otras cuestiones.
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