La finalización del contrato de concesión con la empresa AUFE es una oportunidad impostergable para que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe recupere el manejo de este estratégico corredor. Con este fin, el diputado Antonio Riestra presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo, evalúe como alternativa que la Dirección Provincial de Vialidad retome la administración, mantenimiento y explotación de la autopista Brigadier López.
La concesión de la autopista Santa Fe - Rosario se inscribió en la concepción de estado neoliberal implementada durante la última década del siglo pasado, donde las privatizaciones de servicios públicos fueron el paradigma que distinguió la gestión de Carlos Menem y su ministro Roberto Dromi.
Esta política se tradujo en un conjunto de instrumentos legales, como la ley de emergencia nacional ley 23.696, que tuvieron el objetivo de acelerar el desguace del estado, y que en nuestra provincia tuvo como correlato la ley provincial 10.798 sancionada en 1992, en el inicio de la primera gobernación de Carlos Reutemann.
En ese contexto el rol del Estado se puso al servicio de los intereses privados, incluso garantizando utilidades y la viabilidad de los negocios, desertando de la defensa de los intereses comunes y colectivos.
En el caso de la autopista Santa Fe – Rosario, se dejaron de lado exigencias de inversiones en obras nuevas y se transformó en un “negocio” la explotación de la infraestructura vial existente construida con fondos públicos entre los años 1964 y 1972.
Fue así que en 1994 se otorgó la concesión del estratégico corredor vial a AUFE S.A. Se trata de una empresa controlada por la constructora Dycasa, vinculada a su vez con Dragados SA de España, que a nivel global se mueve bajo la órbita del Grupo March, uno de los principales grupos privados empresariales y financieros españoles.
En las últimas dos décadas Dycasa ganó posiciones en el sector vial argentino controlando o participando en Semacar S.A. (Servicio de Mantenimiento de Carreteras), AUNOR S.A. (Autopista del Noroeste), Autopistas del Sol, y COVISUR S.A. (Concesionaria Vial del Sur).
También controla PROBIAR (Productos Bituminosos de Argentina) que tiene por objeto social “la fabricación, comercialización, compra, venta, distribución, comisión y consignación de emulsiones asfálticas, lechadas asfálticas, betunes polímeros, ligantes especiales, sus materias primas, productos, subproductos y maquinaria, y sus repuestos relacionados con la actividad”, y la UTE AUFE dedicada a obras de mantenimiento de calzadas y pavimentación.
Con este entramado de sociedades, AUFE desarrolló una contabilidad ficticia que pudo servir para perjudicar a los usuarios y al estado santafesino. Tal como se desprende de los balances de la empresa concesionaria, sus principales costos surgen de las contrataciones para señalización y pavimentación efectuadas con PROBIAR y la UTE AUFE, ambas integrantes del grupo Dycasa.
De esta manera, a través de operaciones entre firmas del mismo grupo, que además no pueden ser auditadas por el organismo de control provincial, por decisión de los funcionarios reutemanistas que elaboraron el pliego de concesión, la empresa AUFE pudo maximizar beneficios y ocultar utilidades a lo largo de los últimos quince años.
El saldo de esta experiencia fueron interminables reclamos cruzados por incumplimientos contractuales, renegociación permanente, amenazas de judicialización y un progresivo deterioro de la calidad del servicio, que está a la vista de todos los que transitan por la autopista.
Por ello, ante el vencimiento del contrato con AUFE, creemos que es el momento de que el Estado provincial, a través de la Dirección de Vialidad, retome la administración de la autopista Brigadier López (con el sistema de peaje) y encare por su cuenta las obras de mantenimiento, ampliación y reinversión; tal como sucede con el túnel subfluvial Santa Fe – Paraná, que a lo largo de 40 años ha sido una fuente de recursos sin mayores conflictos.
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