Con motivo de una nueva celebración del Día del Periodista, el diputado provincial Antonio Riestra, convocó a los trabajadores de prensa para analizar los alcances del proyecto de ley, por el cual, se propicia la adhesión de la provincia de Santa Fe al artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional.
Esta iniciativa fue presentada a principios de abril y en ella se establece que el gobierno de la provincia solo podrá pautar avisos de publicidad oficial en aquellos medios de comunicación que cumplan con la legislación laboral vigente.
“Estamos recuperando espacios perdidos en materia de conquistas laborales”, explicó el legislador a los periodistas presentes, entre los que se encontraban dirigentes de la Asociación de Prensa de Santa Fe.
Para el diputado de PARES, el Gobierno de la Provincia, a través de las partidas presupuestarias de “Publicidad y Propaganda”, tiene una importante herramienta para incentivar el trabajo decente en el ámbito de las empresas periodísticas, condicionando estas contrataciones al cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social.
En la actualidad, según datos de acceso público presentados por Riestra, el estado santafesino destinó casi 30 millones de pesos para publicidad. Esta cifra representa el 0,15% del presupuesto de la provincia y en los últimos años mantuvo esta proporcionalidad dentro de la estructura de gastos oficiales.
“Si bien es cierto que hay un aumento considerable en los montos presupuestados, pasamos de 12 millones en 2006 a casi 30 millones en 2009, hay que observar que esto se explica en parte por el aumento de las tarifas publicitarias de los medios, pero también hay que destacar que la participación proporcional de este gasto en el presupuesto provincial se sigue manteniendo en el orden del 0,15%”.
Frente a este panorama, Riestra señaló que el principal cambio operado en este rubro fueron los criterios de distribución. “En todas las comparaciones que hacemos entre 2006 y 2009 se duplica la cantidad de medios que reciben publicidad oficial. Esta es una señal de mayor equidad al momento de asignar estos recursos. Ahora bien, ¿esto alcanza?, evidentemente no, porque estamos dejando afuera del análisis las condiciones de producción en estos medios. A esto apuntamos con el proyecto, queremos colaborar en la regularización laboral dentro de las empresas periodísticas”.
El informe elaborado por el diputado Riestra también revela que en 2006 se pautó publicidad oficial en 106 medios de comunicación de toda la provincia, concentrados principalmente en Rosario y Santa Fe; mientras que en 2009 la publicidad oficial se distribuyó entre 362 medios de comunicación, muchos de ellos ubicados en regiones de la provincia que nunca fueron atendidas. A parir de esta extensión territorial en la distribución de la publicidad oficial, Riestra sostiene que el gobierno puede hacer un aporte para mejorar las condiciones de trabajo en los medios de comunicación, condicionando la colocación de avisos al cumplimiento de la legislación laboral vigente.El proyecto
El artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional, establece que “las dependencias de la administración, reparticiones y autoridades judiciales no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, condicionadas a un régimen de tarifas, en diarios, revistas, periódicos y órganos de difusión que utilicen personal comprendido en este estatuto que no hayan cumplido previamente las disposiciones de esta ley, la de jubilaciones y pensiones de periodistas y todo la legislación social que ampara los derechos del periodista profesional”.
Para que esta cláusula cobre vigencia “el Poder Ejecutivo Nacional convendrá con los gobiernos provinciales, la aplicación de estas disposiciones, dentro de sus respectivas jurisdicciones”.
Por ello, proponemos una adhesión artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional, para que “el Poder Ejecutivo Provincial, sus dependencias centralizadas o descentralizadas, organismos autárquicos, empresas y/o sociedades del estado, o con participación estatal y todas aquellas organizaciones donde el gobierno provincial tenga participación de capital o formación de las decisiones societarias, concesionarios de servicios públicos u órganos de control, no podrán disponer la publicación de avisos condicionada a un régimen de tarifas en diarios, revistas, periódicos, radios y demás medios de difusión que tengan personal no registrado conforme a las normativas laborales en vigencia y/o no cumpla con las obligaciones de la seguridad social”.
Además, sostenemos que “el Ministerio de Trabajo de la Provincia deberá informar a los organismos encargados de la contratación de la publicidad oficial, en un plazo no mayor de 15 (quince) días, los incumplimientos de la legislación laboral o de la seguridad social que se constaten en los medios de comunicación comprendidos en el artículo anterior, ya sea, por tareas de inspección, denuncias de particulares o presentaciones de los sindicatos de la actividad”.
De esta manera, mientras esta situación irregular perdure “los organismos encargados de la publicación de avisos” de publicidad oficial, deberán suspender la contratación de los mismos” en las empresas incumplidoras de la normativa laboral.
Estamos convencidos que el diseño de herramientas jurídicas que promuevan una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de prensa se traduce en más y mejor información para el conjunto de la sociedad.
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