El diputado provincial Antonio Riestra reingresó un proyecto para restablecer la obligación de los partidos políticos de presentar un informe con los gastos realizadas en las campañas electorales. Estas rendiciones de cuentas eran exigidas por la Ley Nº 10.080 pero se dejaron de hacer en el año 2005 cuando se derogó la ley de lemas. Un reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral advirtió sobre posibles maniobras que aprovechan este vacío judicial.
El proyecto reingresado esta semana tiene el objetivo de actualizar las disposiciones de la Ley Nº 12.080 de Campañas Electorales y volver a poner en vigencia la obligación de las listas de candidatos de designar un responsable económico-financiero y de presentar una rendición de ingresos y gastos de campaña.
La Ley Nº 12.080 fue sancionada el 28 de noviembre de 2002, cuando regía en nuestra provincia el sistema electoral de Lemas y todas las obligaciones establecidas para la rendición de gastos de campaña se basaban en la existencia de estas figuras políticas.
Pero cuando el sistema electoral fue modificado mediante la Ley Nº 12.367, y se instauraron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los mecanismos de rendición de gastos quedaron desactualizados.
La existencia de este vacío legal recién se verificó en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias realizadas el 7 de septiembre de 2005, y desde entonces, el Tribunal Electoral de la Provincia resolvió eximir a las listas de precandidatos participantes de estos comicios de la obligación de designar un responsable económico-financiero y de presentar la correspondiente rendición de gastos de campaña.
El mismo criterio se siguió para las elecciones provinciales, municipales y comunales, y como consecuencias de esto, el Tribunal Electoral de la Provincia dejó de exigir la designación de un responsable económico-financiero y la presentación de un informe con la rendición de los gastos de campaña.
“Con este proyecto buscamos una actualización de esta norma, para que, además, las rendiciones de cuentas de los gastos de campaña puedan ser consultadas por cualquier ciudadano o entidad sin necesidad de acreditar “interés legítimo”, tal como esta previsto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que rige en el orden nacional”, sostuvo el diputado Riestra.
“También consideramos oportuno elevar a mil pesos ($1.000) el monto de gastos a partir del cual se deberá utilizar obligatoriamente el cheque como medio de pago, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.345, conocida como Ley Antievasión”, agregó el legislador. La primera vez que se presentó esta iniciativa fue el 23 de noviembre de 2006 (Expediente 18.486 ARI), la misma fue enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y allí caducó sin ser tratada. La propuesta fue reingresada el 14 de abril de 2008 (Expediente 20299 FP), también fue enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde volvió a caducar sin recibir despacho.
“Mientras tanto transitamos tres procesos electorales sin que las fuerzas políticas hayamos tenido la obligación de rendir cuenta de los gastos de campaña y los mecanismos de recaudación. La persistencia de esta situación significa un claro retroceso en materia de transparencia y control del financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos”, remarcó Riestra.
“No podemos dejar de marcar que a nivel nacional la Cámara Nacional Electoral viene dando pasos concretos para el perfeccionamiento de estos necesarios sistemas de auditoria y control, mientras que en la Provincia de Santa Fe, se viene recorriendo el camino contrario”, advirtió el diputado de PARES.
En este sentido, la Cámara Nacional Electoral puso en evidencia esta anomalía que oscurece el funcionamiento de los partidos políticos en la Argentina y en nuestra provincia.
En un reciente fallo, el máximo tribunal electoral estableció una pauta de trascendencia en materia de fiscalización de los recursos que los partidos políticos invierten en sus campañas electorales para evitar que, cuando las elecciones nacionales sean simultáneas con las provinciales, las agrupaciones encuentren vías para evadir restricciones y controles legales.
Los auditores de la CNE detectaron un mecanismo, al que suelen recurrir algunos partidos, que consiste en utilizar fondos para la campaña nacional y omitir su declaración a la justicia, bajo pretexto de haberlos invertido en la campaña local. Esto es posible porque existen diferentes autoridades electorales en el orden federal y provincial, y además porque, en muchos casos, las leyes locales no regulan el control del financiamiento partidario, como en el caso de Santa Fe.
La sentencia, advierte que la doble personalidad jurídica de los partidos, que actúan simultáneamente en elecciones nacionales y provinciales, “no puede utilizarse en contra de los intereses superiores de la sociedad ni de los derechos de terceros”.
Por eso, deja establecido que las agrupaciones deberán comenzar a presentar en la justicia nacional, junto con la información de su actividad en el orden federal, “las rendiciones de cuentas locales -o su sucedáneo- y la totalidad de la documentación respaldatoria”; lo cual destaca como un “elemento imprescindible para realizar el examen de los estados contables e informes de campaña sometidos a control”.
“Sabemos que lo deseable sería la sanción de un régimen integral que regule el patrimonio de los partidos y las campañas electorales en la provincia, pero en el camino de construir ese consenso, debemos dar algunos pasos previos, como es el caso de ajustar a la realidad de nuestro sistema electoral la Ley 12.080 que rige desde el año 2002”, concluyó Antonio Riestra.
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