LEVANTEN LAS BARRERAS

La finalización de la concesión con la empresa AUFE es una oportunidad para que el Gobierno de la Provincia recupere el manejo del corredor vial más importante de la provincia. El diputado Antonio Riestra sostiene que se debe desestimar el contrato con la UTE Edeca – Supercemento y devolver la administración, mantenimiento y explotación de la autopista Brigadier López a manos del estado.



A comienzos de marzo presentamos un proyecto de comunicación donde le solicitábamos el Ejecutivo Provincial, que evalúe como alternativa cierta, retomar la administración, mantenimiento y explotación de la autopista Brigadier López, a través de sus propios organismos.

Hoy, frente a la finalización del contrato con AUFE y la adjudicación directa de la concesión a la UTE Edeca – Supercemento, seguimos convencidos de que el mejor camino para los intereses de los santafesinos es poner nuevamente en manos del Estado el manejo del corredor vial más importante de la provincia, ya que une las dos mayores sedes de gobierno, y por el mismo se moviliza el mayor transito de personas y bienes de nuestro territorio.

Frente a la etapa que se abre, es importante recordar que la ola privatizadora impulsada en los años noventa a nivel nacional, tuvo en Santa Fe cuatro casos paradigmáticos impulsados por los gobiernos justicialistas: el servicio de agua, el servicio de gas natural por red, el rol de agente financiero del estado provincial y la concesión vial de la autopista Santa Fe-Rosario.

Por ello, la deconstrucción de ese abanico de privilegios se convierte en una tarea necesaria e ineludible en la agenda de un gobierno que reivindica la equidad, la solidaridad, la transparencia y la justicia distributiva.

Las consecuencias de este negocio armado en 1992, durante la gestión de Carlos Reutemann, están la vista de los miles de santafesinos que transitan a diario entre Santa Fe y Rosario: ostensible deterioro de un bien público, la falta de inversiones, pobre mantenimiento, escasa seguridad y la extracción de miles de millones de pesos de la economía provincial a través del cobro de los peajes.

Este armado tuvo ejecutores concretos que no pueden eludir sus responsabilidades políticas en la actualidad. La concesión de la autopista Santa Fe - Rosario se inscribió en la concepción neoliberal implementada durante los gobiernos justicialistas de nuestra provincia y la performance de la empresa AUFE, perteneciente al grupo DYCASA, merece ser analizada con detenimiento.

Los balances de AUFE son publicados por la empresa DYCASA (sociedad controlante) en la página Web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gov.ar) y constituyen el único material relevante público disponible, capaz de aportar una mirada crítica que despeje algunos interrogantes.

Un dato de importancia que surge de estos documentos es el notable incremento de la recaudación anual de AUFE en concepto de peajes y el congelamiento del canon pagado al gobierno provincial en los últimos once años. Esto muestra claramente la renuncia del estado provincial a mejorar sus ingresos, con el objetivo de garantizarle a la concesionaria el mantenimiento de su tasa de ganancia, sin que esto haya redundado en una mejora de la prestación.

A pesar de esto, desde el año 2003, con excepción del 2006, la empresa presentó balances acusando pérdidas antes del pago del impuesto a las ganancias. Tales pérdidas están centralmente explicadas por los costos directos de explotación. Y estos tienen como componente principal los pagos a favor de las empresas que le proveen de pinturas asfálticas y tareas de repavimentación.

Se trata de la empresa PROBIAR, que tiene por objeto social “la fabricación, comercialización, compra, venta, distribución, comisión y consignación de emulsiones asfálticas, lechadas asfálticas, betunes polímeros, ligantes especiales, sus materias primas, productos, subproductos y maquinaria, y sus repuestos relacionados con la actividad”, que junto a la UTE AUFE, encargada de la ejecución de las obras viales para la autopista, explican la mayor parte del costo de explotación de la ex concesionaria AUFE.

Estas dos empresas “proveedoras” pertenecen al grupo DYCASA, lo cual permite inferir, que las pérdidas que acusa AUFE en sus balances, tienen como contrapartida las ganancias de las “proveedoras” integrantes del grupo empresario.

Estas maniobras entre empresas del mismo grupo (en detrimento de los usuarios y el estado) son objeto de una controversia aún no resuelta con la AFIP.

En el balance cerrado el pasado 31/12/2009, AUFE acusó pérdidas antes del pago de impuestos por $ 2.615.625. Sin embargo devengó impuesto a las ganancias a favor de AFIP por $ 2.321.099. Esto significa que para el organismo, la empresa tuvo una ganancia imponible de $ 6.631.711, en lugar de la pérdida antes marcada. En otros términos, el balance presentado contiene una suma de $ 9.247.336 de utilidades ocultas o no computadas, representativa de algo más de un tercio de la facturación declarada en el ejercicio.

Este solo ejemplo debería ser materia de análisis para evaluar el comportamiento de la ex concesionaria y de los funcionarios provinciales que por acción u omisión permitieron estas maniobras, a pesar de que algunos de ellos, en la actualidad, se rasgan las vestiduras con hipócritas discursos de defensa del bien común que no supieron custodiar en su momento.

Fueron Carlos Reutemann y sus ministros los que elaboraron el pliego para licitar la autopista y luego tuvieron la responsabilidad de controlar la concesión, permitiéndole a la empresa AUFE maximizar sus beneficios y ocultar utilidades en los últimos quince años.

Pero por otra parte, los balances de AUFE sirven para demostrar la viabilidad económica de la transferencia al estado provincial del ejercicio de explotación de la autopista. Descontando el canon que se dejaría de percibir, subsiste un excedente de explotación significativo que permitiría financiar obras, mejoras y/o aportes a un fondo de infraestructura vial destinada a otros caminos provinciales.

Por ello insistimos que la decisión política de volver la explotación al estado es pertinente, es posible y es conveniente. Frente al apuro, las desprolijidades y el riesgo que significa entregar el manejo del corredor vial más importante de nuestra provincia a una UTE improvisada, lo decimos con claridad: hay que levantar las barreras.